El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, manifestó en una conferencia de prensa que se otorgará esa suma de dinero a quien pueda dar "el paradero exacto" de Marset y que "coadyuve en lograr la captura inmediata".
Del Castillo sostuvo que la persona que dé información "se va a someter a un procedimiento de colaborador eficaz" por lo que toda la información que brinde será manejada con "absoluta reserva" y que pueden acudir a cualquier policía del país.
Además indicó que se buscan a otras tres personas más, entre ellos está el supuesto "tercer" líder de la "organización criminal" y Diego Marset, hermano del uruguayo.
Agregó que Diego Marset tiene una notificación roja por la Interpol desde hace dos años y es la persona que "trae los recursos económicos para pagar el envío de drogas" para luego recibir la carga.
El ministro pidió que se active el sello rojo o azul de la Interpol en contra de las tres personas que están siendo buscadas por la Policía Boliviana, además de Marset.
Del Castillo también señaló que es falso todo lo que Sebastián Marset indicó en un video difundido en las redes sociales este fin de semana en el que le califica de "burro" y que el ministro boliviano debe corroborar la información que presenta en sus conferencias de prensa.
"La Policía Boliviana es la que está siguiendo sus pasos y nos vamos a cesar hasta lograr toda la desarticulación de esta organización criminal", enfatizó Del Castillo.
Este fin de semana el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado en el país por varias semanas, envió un video difundido por los medios locales en el que señala que ya no está en el pais, que liberen a las personas aprehendidas que no tienen nada que ver con el caso.
La Policía Boliviana aprehendió a más de una decena de personas dentro de las investigaciones para encontrar a Marset, quien cuenta con órdenes de captura de la Europol e Interpol, además de ser requerido por la Justicia en Brasil, Uruguay y Paraguay y por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.
El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, según fuentes periodísticas, también se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.
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