"Nuestra posición es unitaria y firme, no vamos a retroceder en la defensa de la vida, la paz y la tranquilidad de todos los peruanos; menos en materia de terrorismo, que tanto daño causó a millones de peruanos", declaró el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Horas antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, también expresó su "indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay" y anunció que había dispuesto que el Ministerio de Justicia organice una respuesta contundente del Estado".
El líder del MRTA presentó una demanda que fue aceptada por la CIDH el año pasado, pero solo se conoció esta semana en Lima, en la que reclama que se violaron sus derechos fundamentales al momento de su detención y que su reclusión en una base naval violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
Analistas y medios locales señalan que, al parecer, la intención de Polay no es que se varíe su situación judicial, ya que en 2026 cumplirá una condena a 35 años de cárcel, sino lograr una indemnización económica por parte del Estado peruano.
Boluarte remarcó, al respecto, que "ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas", mientras que Otárola agregó que durante el actual gobierno el cabecilla subversivo "no va a salir en libertad".
Por su parte, el procurador especializado en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, dijo que Polay todavía "tiene cuentas pendientes con la justicia" y mencionó a un proceso judicial abierto por la "masacre de Gardenias", en el cual ya ha sido denunciado por la Fiscalía, así como una investigación por "apología flagrante del delito de terrorismo".
Ante las voces de diversos sectores, sobre todo conservadores, que piden el retiro de Perú de la CIDH, Otárola ratificó que su país "pertenece al sistema interamericano" de justicia, lo que consideró "una garantía para los 33 millones peruanos".
"Somos respetuosos de los tratados internacionales, pero también, cuando debemos hacerlo, elevamos nuestra voz de protesta frente a actos que afectan la conciencia y dignidad de millones de peruanos", remarcó.
Polay fue detenido y condenado a prisión después de haber liderado hasta 1992 al MRTA, la segunda organización subversiva incluida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que causó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y el 2000.
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