En un comunicado, HRW exigió "liberar a cualquier persona que esté cumpliendo pena de prisión únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", ya que "muchas de las personas en huelga de hambre están recluidas injustamente tras juicios plagados de violaciones de derechos".
El pasado 28 de agosto, el Gobierno de Baréin prometió adoptar una serie de medidas para mejorar la situación de los presos en las cárceles del país árabe, después de que más de 740 presos se declararan en huelga de hambre en protesta por las condiciones en los centros penitenciarios.
El Ministerio de Interior bareiní dijo en un comunicado que se aplicarán una serie de "mejoras" que incluyen el "desarrollo" de las instalaciones y de los servicios sanitarios en las cárceles, así como una revisión de los protocolos de visitas para otorgar "más tiempo" a los presos para estar con sus familias, entre otras.
Ante estas declaraciones, HRW recordó a las autoridades bareiníes que tienen la obligación, según el derecho internacional, de tratar humanamente a todos los detenidos y que las Naciones Unidas exigen que las prisiones proporcionen tratamiento especializado o remitan a los presos que requieran tratamiento especializado a las instalaciones pertinentes.
Baréin, de unos 1,8 millones de habitantes, más del 70 % de ellos chiíes, fue escenario desde 2011 de protestas populares para pedir reformas políticas, y desde entonces diversas organizaciones internacionales han denunciado numerosos casos de tortura, represión y encarcelamiento de opositores por motivos políticos o religiosos.
Grupos de la oposición chií, como Al Wefaq y Al Waad fueron prohibidos en 2016 y sus líderes están acusados de incitar al odio y llamar a la desobediencia e incluso de conspirar con Irán, que lidera la rama chií del islam, contra el Gobierno de la familia real suní Al Jalifa.
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