De acuerdo a la Unidad de Vigilancia de la Delincuencia del Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (Cardh), entre julio y septiembre pasados se registraron 11 secuestros colectivos, la mayoría de ellos en Bas-Artibonite, la zona baja de ese departamento ubicado al norte de Puerto Príncipe.
En esa demarcación se produjeron 6 secuestros colectivos en el trimestre anterior, para un aumento del 83,3 %, agregó el estudio.
"Este departamento se convertirá en un eje principal de secuestros si no se adoptan medidas", advirtió la entidad.
El aumento los secuestros se debe al debilitamiento del movimiento ciudadano "Bwa Kale", que enfrentó en algunos puntos a las poderosas bandas armadas, así como a la ausencia de medidas para impedir el resurgimiento de la violencia causada por estas.
La organización dijo que del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, se han producido 901 secuestros en el país, de los cuales al menos 63 fueron de ciudadanos extranjeros.
En ese mismo período, la organización no gubernamental afirmó que se cometieron 1.564 homicidios.
Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.
El 2 de octubre pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue por un año (prorrogable) de una fuerza multinacional para ayudar a la Policía de Haití a combatir a esos grupos armados.
Kenia se ofreció a liderar con unos mil policías un dispositivo que el propio Gobierno haitiano pidió hace un año y que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.
Varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión -incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas-, mientras las naciones latinoamericanas no se han ofrecido para enviar efectivos de momento.
Estados Unidos, que se encargó de redactar el borrador de la resolución junto con Ecuador, aportará dos partidas de 100 millones de dólares (unos 95 millones de euros) cada una, procedentes del Departamento de Estado y del de Defensa, siempre que el Congreso lo apruebe, destinadas a necesidades logísticas de la misión.
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