Durante varios días las obras estuvieron en pausa, dejando un hueco en ese espacio que aprovecharon decenas de migrantes para cruzar hacia Estados Unidos de manera indocumentada, tratando de encontrar asilo.
El muro que reemplaza al anterior mide 30 pies de altura y para diversos activistas esta acción viene prácticamente a terminar con “las esperanzas de que pudiéramos conservar el Parque Binacional de la Amistad en su esencia que unía a dos naciones”.
Así lo manifestó a EFE el activista Daniel Watman, de la organización Amigos del Parque de la Amistad, quien se mostró triste e indignado al ver cómo estas obras finalmente cerraron el ciclo de renovación de un muro que él también denomina como “el muro de la vergüenza”.
“Los Amigos del Parque de la Amistad desde un principio nos opusimos a la construcción de este muro de 30 pies porque lo consideramos innecesario como medida de seguridad, como dijeron las autoridades estadounidenses”, resaltó.
Watman dijo que ellos como activistas desde un principio consideraron al muro “como una amenaza a la seguridad de los migrantes”, porque en su intento de cruce algunos perderán la vida, “cosa que ya está sucediendo”.
Además de que “es una amenaza para la flora y la fauna de la región”, porque “siguen destruyendo todos los demás esfuerzos de la naturaleza y la comunidad que se interponen en el camino de su parque cada vez más militarizado”.
Watman agregó que otro de los aspectos graves que significa esto es “una ruptura a la tradición de la reunificación familiar que propiciaba el Parque Binacional de la Amistad”, pues del lado estadounidense está completamente cerrado y sin acceso para las personas.
El Parque Binacional de la Amistad es un área a unos 150 metros del mar, el cual desde su fundación se consideró un espacio que fungía como símbolo de unión entre Estados Unidos y México, y donde posteriormente las familias podían reunificarse y compartir con el muro de por medio.
Militarización del lado mexicano
En los días que las obras estuvieron paradas, EFE fue testigo de cómo la zona se fue militarizando desde el lado mexicano, con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano e incluso del Instituto Nacional de Migración (INM), debido a los cruces de migrantes que se dieron.
Esta presencia militar fue condenada por activistas al considerarla una práctica ilegal, pues las fuerzas armadas detienen a toda persona que intenta cruzar el muro.
Graciela Zamudio, directora de la organización de derechos humanos Alma Migrante, fue una de las que levantó la voz.
“Si estamos en la frontera en donde hay un espacio por donde las personas cruzan a Estados Unidos con o sin documentación, y si ahí es donde se ejercen las funciones de la autoridad migratoria mexicana, pues hay una buena apariencia de que lo que están buscando es inhibir que crucen y eso es ilegal”, recalcó.
Ambos activistas coincidieron en que estas acciones de un lado y del otro, correspondientes y relativas a la renovación de un muro que divide países, son “un hecho que contrasta con las políticas de derechos humanos que manifiestan ambos países”, concluyó Watman.
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