Con 45 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, fue aprobado en segundo debate ese criticado contrato ley para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
"Luego de un extenso debate, el Pleno Legislativo aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 1100, sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá", informó la Asamblea Nacional.
Los diputados oficialistas argumentaron durante su discurso los beneficios sociales y económicos que traería el pacto minero, mientras que la oposición y los parlamentarios independientes mostraron su pleno rechazo basándose principalmente en las negativas consecuencias ambientales.
"¿Este contrato satisface las necesidades del país como exige la constitución, sí o no? ¿Cumple las exigencias legales y constitucionales establecidas en el ordenamiento jurídico, sí o no? Sobre esas preguntas confío en que esté basado su voto", dijo el diputado independiente Juan Diego Vásquez, una de las voces más criticas.
Por su parte, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila, una de las figuras a favor del contrato, señaló que "si rechazamos este contrato (...) los efectos primarios son la pérdida de empleo (y) de todo el movimiento económico, siendo una empresa (minera) que aporta el 4 % al PIB".
Se espera que mañana se apruebe este pacto minero en el tercer y último debate. Después el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, deberá ratificarlo.
Aumenta la tensión durante las protestas
Mientras avanzaba la discusión en el Parlamento, una gran marcha compuesta por centenares de estudiantes, ambientalistas y sociedad civil llegó hasta los predios de la sede del Legislativo para protestar en rechazo a ese polémico contrato.
A la tensa jornada de este jueves se sumaron más personas que en las anteriores y culminó con enfrentamientos policiales: los agentes respondieron con gas lacrimógeno, después de que algunos manifestantes les tiraran piedras. Según pudo constatar EFE, se produjeron heridos.
El principal sindicato del país, Suntracs, bloqueó durante la mañana de este jueves algunos puntos de las principales vías, provocando atascos.
El debate sobre el polémico contrato minero regresó esta semana al Parlamento después de que el Ejecutivo hiciera cambios, con las sugerencias del Legislativo, que han sido tachados como "maquillaje" por los ambientalistas y los sindicatos.
Entre los cambios hechos por el Gobierno, con las sugerencias del Parlamento, está la eliminación de "las cláusulas de expropiación" de tierras y la condición que "permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo" a la vez que se incluyó un apartado que "reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio".
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.
El Ejecutivo y la empresa minera alcanzaron en marzo pasado, tras arduas negociaciones, un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá con ingresos mínimos anuales de unos 355 millones de euros al fisco, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
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