El ministerio señaló en un comunicado que cobró otros 22 millones de soles por la quinta cuota de la reparación civil, que se hace con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) constituido en el marco de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
Además, se hizo conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz, suscrito por Odebrecht con el Equipo especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato en Perú, que fue aprobado por una sentencia judicial.
El acuerdo estableció que Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con un total de 760 millones de soles por cuatro proyectos en los que la empresa reconoció haber efectuado pagos ilícitos para conseguir las licitaciones.
Estos proyectos son la Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3, la Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2, la Vía de Evitamiento del Cuzco y la Vía Costa Verde, en el Tramo Callao.
El MinjusDH detalló que esta quinta cuota se ha sumado a otros 211 millones ya cobrados hasta 2022 de Odebrecht.
Perú fue uno de los grandes protagonistas de la gran trama de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica, sobre todo porque implicó a varios de sus presidentes desde el inicio de este siglo.
El caso tiene entre sus procesados a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de haber comprendido a Alan García (2006-2011), quien murió en abril de 2019.
La trama también alcanzó a políticos como Keiko Fujimori, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido derechista Fuerza Popular, quien será procesada por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Odebrecht aceptó colaborar con la Fiscalía de Perú en 2018, aunque ese acuerdo fue paralizado en noviembre del año pasado por la Justicia brasileña ante una demanda de la empresa, que denunció la violación del trato por parte de las autoridades peruanas.
Aunque se retomó en diciembre, en enero un tribunal brasileño lo volvió a suspender provisionalmente en el juicio contra Humala, luego de que este alegó una violación a su derecho de defensa.
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