Son más de 5,5 millones de ciudadanos los convocados a participar en los comicios, en los que el presidente Nayib Bukele buscará su polémica reelección inmediata, a pesar de señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado.
La ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuido a las pandillas o maras, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados y ante críticas de la oposición.
La nueva extensión entrará en vigencia el 12 de enero, previo a su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos durarán hasta el próximo 10 de febrero.
El presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, dijo horas antes de la votación, a preguntas de la prensa, que la idea de que este régimen es una amenaza contra opositores o una propaganda oficialista "es una percepción que solo los delincuentes tienen".
Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos y quien votó en contra de la ampliación de la medida, aseguró que "el régimen de excepción no es una política de seguridad, es la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreño y esa diferencia hay que marcarla bien".
"Sí es cierto que muchos de pandilleros han sido capturados, pero también es cierto que muchas personas inocentes han sido capturadas y cientos de personas inocentes han muerto bajo custodia del Estado", indicó.
Señaló que "es cierto que ahora se aprecia un poco más de seguridad, pero también es cierto que autoridades del Gobierno liberaron a un pandillero y permitieron que escapara a México, esto también es cierto".
"No se respetan los procesos en los tribunales y una persona puede quedar fácilmente, siendo inocente, desaparecida dentro de un centro penitenciario (cárcel), esto también es cierto", añadió.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de "sus peores crisis" de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
La escalada de homicidios que dio pie al régimen de excepción se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.
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