"Al ver frustrado su intento de silenciar a estos nicaragüenses, el régimen Ortega Murillo decidió desterrarlos, una práctica utilizada por los nazis y Adolfo Hitler, en Alemania, y por el dictador Augusto Pinochet, en Chile", señaló ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
En una declaración en ocasión del primer aniversario del excarcelamiento y expulsión de 222 presos políticos nicaragüenses, esta ONG dijo que entre las violaciones de derechos humanos cometidas por Ortega, en complicidad con el Poder Legislativo y el Poder Judicial contra esas personas, está el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla como crimen de lesa humanidad “el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional", indicó.
Ortega usa la apatridia como mecanismo de presión
Ese Colectivo recordó que el 9 de febrero de 2023, el Ejecutivo de Ortega despojó "arbitrariamente" de la nacionalidad a 222 presos políticos, más el obispo Rolando Álvarez, y posteriormente a otros 94 nicaragüenses, "convirtiéndolos en apátridas, despojándoles de todos sus derechos e irrespetando las obligaciones internacionales que compelen al Estado de Nicaragua a respetar el derecho a la nacionalidad y conexos".
Asimismo, la ONG anotó que otra cantidad superior a los 100 nicaragüenses se encuentran en apatridia "de facto” porque se les ha impedido ingresar a su país.
"Estas medidas demuestran y evidencian el engranaje del gran mecanismo de represión estatal usado por la dictadura de Nicaragua contra diferentes personas con el propósito de silenciarles", advirtió.
De igual manera, el Colectivo deploró y denunció el uso de la apatridia por parte de la "dictadura" de Nicaragua como mecanismo de represión y solicitó una vez más a la comunidad internacional no olvidarse de personas a los que se les ha negado su derecho de ser nicaragüenses y de aquellos a los que se les ha impedido la entrada a su propio país, desterrándolos “de facto” y convirtiéndolos también en apátridas.
El pedido a la comunidad internacional
"La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la que ha traicionado a la patria, es la responsable de estos y otros los delitos de lesa humanidad y es la que tarde o temprano deberá enfrentar a la justicia", apostilló.
La organización abogó para que el 9 de febrero se convierta "en el día del orgullo de ser nicaragüense y la fecha en que nos unamos como patriotas para defender el mejor futuro que se merece nuestro país".
Pidió, además, a las naciones democráticas del mundo que continúen presionando al régimen de Nicaragua para que haya democracia, justicia y libertad.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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