"Venezuela siempre ha cumplido con lo establecido en el convenio, no obstante, hacemos énfasis en que estas arbitrariedades constituyen una amenaza real a la seguridad de todos los Estados", señaló el funcionario, citado en una nota de prensa.
Velásquez pidió a la OACI que se tomen las medidas necesarias para que esta "transgresión flagrante" no le ocurra a otras naciones.
"Esperamos que a su luz, la justicia prevalezca, evitando que este lamentable suceso se repita y otras naciones sean víctimas de estos actos de abuso internacional", añadió.
La aeronave aterrizó en Argentina en junio de 2022 con una tripulación de cinco iraníes y catorce venezolanos, que fueron retenidos inicialmente por la Justicia de Argentina y más tarde puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión fue propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur Cargo, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El 11 de febrero, el Gobierno argentino transfirió la custodia del Boeing 747 a Estados Unidos en cumplimiento de una orden del Tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.).
Estados Unidos reclamaba la aeronave, porque fue transferida a un tercero por parte de Mahan Air sancionada por Washington, lo cual "violó las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos", según el fiscal general adjunto Matthew Olsen.
A finales de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la aeronave fue partida "a pedazos", y que "le quitaron el color de la bandera" del país caribeño, además de borrarle el nombre de Emtrasur.
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