El Comando Conjunto informó en un comunicado de que ese volumen incluye 3.116 armas letales y 221 no letales, y agregó que también se han destruido 945 accesorios y más de 30.000 municiones.
El proceso de destrucción del armamento se efectuó en las instalaciones de la industria Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), en una acto que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, añadió la fuente.
Las armas, como indicios, han formado parte de procesos judiciales ya sentenciados por los tribunales entre 1998 y 2023, remarcó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El proceso de destrucción de las armas en Ecuador ha formado parte del trámite judicial, aunque esa normativa será sometida a reformas debido a que así lo decidió la población en el referéndum y consulta popular del pasado 21 de abril.
En ese plebiscito impulsado por el Gobierno y que incluyó 11 preguntas sobre seguridad, justicia, empleo e inversiones, una de ellas se refirió a la posibilidad de que las armas incautadas en delitos puedan destinarse al uso de policías y militares.
"¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?", señaló una de las iniciativas planteadas por el Gobierno.
La Asamblea Nacional (Parlamento) debe tramitar dicha reforma.
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