Nueva denuncia de agresiones de militares a presos en una cárcel de Ecuador

Esta plataforma aseguró en redes sociales que algunos presos de la cárcel de Riobamba, en la andina provincia de Chimborazo, fueron objeto de agresiones verbales y físicas que dejaron "clavículas y costillas rotas", en medio de una requisa practicada por los militares en esta prisión el pasado 24 de mayo.

La intervención en la cárcel de Riobamba fue reportada a través de redes sociales por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el mismo día que sucedió.

Como resultado de la requisa, los militares decomisaron 221 dólares, pequeñas cantidades de drogas, 25 teléfonos móviles, un explosivo casero y un metro de mecha lenta, entre otros objetos no autorizados.

En las imágenes publicadas por el Comando Conjunto se aprecia una fotografía aérea donde los reclusos de la prisión están apilados unos contra otros en el patio del recinto carcelario.

La Alianza Contra las Prisiones advirtió en su mensaje que los militares estaban ingresando nuevamente este viernes a la cárcel y "las familias temen por la integridad de sus seres queridos".

"Reiteramos que desde el inicio de la militarización, la alimentación en el centro es paupérrima y las raciones no se entregan tres veces al día", anotó el colectivo.

Defensoría ve indicios de torturas

En un informe presentado el miércoles, la Defensoría contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, "por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición".

Ese registro corresponde al primero de los tres meses que duró el estado de excepción que Noboa decretó a nivel nacional contra las bandas criminales, y cuya declaración de "conflicto armado interno" se mantiene vigente, con la que el Gobierno ha pasado a denominar a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.

La institución que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales en Ecuador señaló que realiza un seguimiento permanente a las cárceles de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, Sucumbíos y Napo, en las cuales desde el 1 de mayo se suspendió el servicio de alimentación, cortado por el Gobierno, que acusó a la empresa proveedora de tener nexos con el crimen organizado.

Asimismo, la Defensoría se hizo eco de las informaciones que advierten de que la suspensión del servicio de alimentación se extenderá también desde este sábado a la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se encuentra el mayor complejo carcelario del país, que con alrededor de 12.000 reclusos, una tercera parte aproximadamente de la población penitenciaria del país.

Donaciones para alimentar presos

Así lo señaló Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de Guayaquil, quien recordó que su organismo ganó una medida cautelar en el sistema judicial para evitar el desabastecimiento de comida en las cárceles del norte del país, "y hasta hoy no la cumplen".

"Las donaciones de familiares y la iglesia han sostenido la crisis. Ahora, se suspende en la zona 3 (Guayaquil)... política de muerte", dijo Bastias, para quien el motivo es que no existe voluntad política.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, señaló en un comunicado que está "en la fase precontractual" para un nuevo contrato de provisión de comida en las cárceles de Guayas.

Las prisiones son uno de los epicentros de la crisis de violencia que azota a Ecuador, al haber estado dominadas muros adentro por las bandas criminales, y registrar entre 2020 y 2023 más de 500 presos asesinados, la mayoría en una serie de cruentas masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.

Hasta el momento Noboa ha cerrado filas en torno a las fuerzas estatales frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante lo que el jefe de Estado ha denominado como una "guerra" al crimen organizado.



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