En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada este martes por Noticias Caracol, López aseguró: "Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (...) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte".
"El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (...) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)", añadió López.
El exdirector de la UNGRD recordó que en diciembre pasado, en el quinto ciclo de la negociación de paz celebrado en Ciudad de México, el Gobierno y la guerrilla acordaron que ese grupo armado cesaría los secuestros con fines económicos.
Sin embargo, en mayo pasado, cuando ya había estallado el escándalo de corrupción y López ya no era director de la Unidad, la guerrilla dio "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz".
En ese sentido, López aseguró ante los investigadores: "ellos emitieron un comunicado hace unos meses: 'volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres' (...) ¿y como lo iban a garantizar?: con contratos".
Después de esto, el exfuncionario señaló que un contrato de la UNGRD fue entregado a la representante a la Cámara Karen Manrique, del departamento de Arauca, una zona "de una alta influencia guerrillera del ELN".
Ministro salpicado
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) a cambio de apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.
En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda al hablar de la "entrega de contratos" para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.
También aseguró que Bonilla, tras reunirse con López, aumentó el presupuesto de la UNGRD en 2023.
López también manifestó que María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, plasmó en un documento que elaboró con una congresista los nombres de los "colegas (senadores y representantes a la Cámara) que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares), cifra que ya había compartido el ministro".
Justamente la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes que recibió un expediente de la Fiscalía en el que ese organismo pide investigar a nueve congresistas, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara por este escándalo.
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